La arqueología mexicana estudia a las sociedades que nos precedieron valiéndose para ello de los restos materiales y de la técnica arqueológica, sin embargo por razones de nuestra legislación y para proteger el patrimonio nacional, herencia de las comunidades indígenas que poblaron el territorio mexicano antes de la Conquista española, en nuestras leyes vigentes esto se reconoce como patrimonio arqueológico, cuyo régimen de propiedad es de interés público para la nación mexicana (Castillo, 2000).

Lo que llevó la arqueología a prácticas patrimonialistas en las que el objetivo es el descubrimiento, registro, consolidación y conservación de los yacimientos arqueológicos; pero de manera específica este tratamiento se ha dirigido hacia aquellos sitios cuyas características monumentales han servido a los fines del patrimonialismo nacional, en la medida que representan en lo “objetivo” una idea de grandeza cultural concebida por el Estado como parte de su discurso de legitimación histórica.

Por tal razón, al surgimiento del inah y la posterior aprobación de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas en 1972, el criterio patrimonialista quedó establecido como condición irrefutable de la realidad histórica nacional.